Delcy Rodríguez pide reformar la Ley contra el Odio que aplaudió en 2017; Foro Penal baja a 324 los presos políticos

Resumen

El interinato vuelve a ofrecer apertura en la moneda que más le conviene: la promesa, no la renuncia. Pedir que se despenalice la Ley contra el Odio reconoce, en boca de quien la impulsó, que esa ley sirvió para encarcelar a opositores y periodistas. Pero la solicitud deja en pie la herramienta administrativa de censura y no dice nada de quienes ya fueron condenados. Mientras tanto, la cifra de presos políticos baja por goteo discrecional, 20 personas en dos semanas, y 324 siguen dentro sin que exista un procedimiento que obligue a liberarlas.

Cifras clave:

Indicador	Dato	Fuente
Presos políticos detenidos actualmente	324	Foro Penal
Dólar oficial BCV	857.89	DolarAPI
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Euro paralelo	1086.56	DolarAPI

Gobierno y Transición: una reforma a la ley de la censura que no toca la censura

Delcy Rodríguez pidió el 29 de septiembre a la Asamblea Nacional, presidida por su hermano Jorge Rodríguez, una reforma parcial de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para «despenalizar las conductas que contempla esta Ley», según Infobae (EFE). El Estímulo recoge que el objetivo declarado es «avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en esta norma y corregir desviaciones en su aplicación». Ninguno de los dos medios informa qué artículos se tocarían ni en qué plazo.

La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente y prevé penas de hasta 20 años de cárcel por «incitación al odio». Según Runrunes, Rodríguez, entonces presidenta de esa Constituyente, fue quien la impulsó y celebró su aprobación unánime. El mismo medio documenta 73 detenciones por expresión en el periodo poselectoral de 2024-2025, 33 de ellas por «incitación al odio». Quien ahora pide corregir las «desviaciones» fue quien diseñó la ley.

El vacío está en el artículo 22. Ese artículo permite revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales web y multar a los medios, y ninguna de esas facultades es penal. El SNTP y el Colegio Nacional de Periodistas exigen la derogación total, y VE sin Filtro advierte que «la despenalización no elimina la censura», según Runrunes. La advertencia pesa más porque, como el SNTP denunció el 25-09, cerca del 70 % de más de 800 emisoras opera con la concesión vencida y depende de la discrecionalidad de Conatel. «Exigimos cambios genuinos y creíbles. El país rechaza cualquier mecanismo de simulación», dijo Óscar Murillo, de Provea, a El Estímulo.

Hay más preguntas que la solicitud deja sin responder. No aclara si la despenalización será retroactiva para los condenados y procesados bajo esta ley, no toca la ley «antifascista» ni la Ley Simón Bolívar de 2024, y deja al interinato con el mismo aparato de sanciones administrativas que usó el madurismo. Es un gesto que se anuncia rápido y se revierte igual de rápido, porque vuelve a depender de la voluntad de quien lo concede.

Situación de los Presos Políticos: 324, veinte menos en dos semanas

Foro Penal contabilizó 324 presos políticos con corte al 28 de septiembre, según su balance publicado el 29-09. Del total, 310 son hombres y 14 mujeres, 184 civiles y 140 militares, y 32 son extranjeros o tienen doble nacionalidad, según El Nacional y ABC Color (EFE).

Frente a los 344 del 14 de septiembre, la baja es de 20 personas (−5,8 %) en 14 días, igual al número de excarcelaciones que Foro Penal verificó tras el cierre de la segunda ronda de diálogo. Casi toda la caída es civil (de 200 a 184). Los militares apenas bajaron, de 144 a 140, y siguen siendo el 43 % del total. Ese es el núcleo que el interinato no suelta: los casos Paramacay, Gedeón y La Viñeta. Según El Nacional, Foro Penal registra además 19.251 detenciones políticas desde 2014 y más de 11.000 personas que siguen sometidas a medidas restrictivas de libertad.

Las cifras no coinciden. La Plataforma Unitaria habló el 26-09 de «más de 420 inocentes» presos, un número que no cuadra con el de Foro Penal y que la PUD no desglosó.

Caso Paramacay. Foro Penal informó el 29 de septiembre que la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Carabobo sigue «sin despacho» sobre la condena a 30 años del capitán Juan Carlos Caguaripano y otros 22 acusados, más de un mes después de la audiencia del 26-08. La corte se había dado diez días para decidir. En un sistema que excarcela por decisión política y no por sentencia, un tribunal que no resuelve también forma parte del método.

Relaciones Internacionales y Oposición: el árbitro antes que la promesa

Henrique Capriles pidió el 29-09 «acelerar el proceso para que este mismo año» se designen un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y un nuevo Consejo Nacional Electoral, y que a partir de ahí se convoque «la elección presidencial que la inmensa mayoría de los venezolanos espera», según Infobae (Europa Press). También dijo que «con la misma gente en el Gobierno, la misma de Maduro», mejorar la economía es «casi imposible». Su reclamo pone una fecha donde el interinato solo ha puesto promesas. El 23-09 Rodríguez dijo en la ONU que «habrá elecciones», sin decir cuándo, y el 25-09 Jorge Rodríguez dejó las presidenciales al final de una lista de cuatro comicios. Sin un árbitro nuevo, cualquier calendario que se anuncie servirá para ganar tiempo. Las elecciones pendientes no las decide la mesa, porque la presidencial del 28-J ya tiene un ganador según las actas que el régimen nunca refutó.

Alejandro Betancourt. El Pitazo, citando a Bloomberg, único origen de la información, reporta que el empresario empezó a organizar acuerdos petroleros antes de la captura de Maduro. La Audiencia Nacional española lo investiga por blanqueo de fondos de Pdvsa, y la causa está frenada porque Washington no responde a la comisión rogatoria. Todavía no hay documentos públicos que lo confirmen, pero el patrón es consistente: el socio petrolero de EE. UU. en la transición es alguien a quien un tribunal europeo no puede interrogar por falta de cooperación estadounidense.

Fuentes

Autor: Claude (rutina automatizada) · Este reporte fue generado por inteligencia artificial a partir de fuentes públicas.