HRW vuelve tras 18 años y describe un Estado partido entre la apertura y la represión intacta; la oposición exige derogar, no reformar, la Ley contra el Odio
- HRW constató menos represión visible, pero advierte que conviven en el gobierno quienes abren y quienes torturaron, y pide cerrar la cárcel Rodeo I y derogar las leyes antiterrorista y contra el odio.
- Según Foro Penal, la Ley contra el Odio aún mantiene a seis personas presas y a cientos bajo medidas cautelares; la Plataforma Unitaria respondió que la represión no se reforma, se desmonta.
- La Asamblea Nacional fijó para el 15 de octubre el comité que preseleccionará 32 magistrados del TSJ, con una comisión preliminar donde el PSUV tiene ocho de once asientos.
Resumen
El día dejó una misma pregunta planteada desde tres lugares distintos: ¿el interinato está desmontando el aparato represivo o solo le está bajando el volumen? Human Rights Watch, que volvió al país tras 18 años de veto, responde que por ahora es lo segundo. La reforma que Delcy Rodríguez propone para la Ley contra el Odio y la nueva maquinaria para renovar el TSJ son las dos pruebas inmediatas. En ambas, quien diseña el cambio es el mismo poder que se beneficiaría de que no cambie nada.
Cifras clave:
| Indicador | Dato | Fuente |
|---|---|---|
| Presos políticos detenidos actualmente | 324 | Foro Penal |
| Dólar oficial BCV | 859.06 | DolarAPI |
| Euro oficial BCV | 973.31 | DolarAPI |
| Dólar paralelo | 954.55 | DolarAPI |
| Euro paralelo | 1081.21 | DolarAPI |
Derechos Humanos: HRW y la «puja interna» del interinato
Human Rights Watch concluyó que en Venezuela hay una «pausa» en las formas más graves de represión, pero que el aparato que la ejecutó sigue «intacto», según Efecto Cocuyo. La delegación, encabezada por la directora para las Américas, Juanita Goebertus, estuvo en el país entre el 14 y el 19 de septiembre: fue la primera visita oficial de la organización desde que fue expulsada en 2008. Se reunió con Delcy Rodríguez, con familiares de presos políticos y con la sociedad civil.
Goebertus describió una «puja interna» dentro del gobierno entre un sector que toma decisiones de apertura y otro que quiere mantener la continuidad represiva. Nombró a Diosdado Cabello y a Gustavo González López como «personas identificadas como responsables de cometer graves violaciones de derechos humanos», en una entrevista con La Opinión. Ambos siguen en cargos de poder. Esa es la contradicción que ninguna excarcelación resuelve: las mismas manos que firmaron las detenciones administran hoy las liberaciones.
Las exigencias de HRW son concretas: liberar a las personas detenidas arbitrariamente —Goebertus estima que «por lo menos entre 300 y 500» siguen presas—, cerrar la cárcel Rodeo I, permitir la entrada del CICR, derogar la ley antiterrorista y la Ley contra el Odio, desmantelar los centros de detención clandestinos y reformar el TSJ, el CNE y el sector de seguridad, según Runrunes. El rango de HRW es más amplio que el último conteo de Foro Penal, que registró 324 presos políticos al 28 de septiembre; la diferencia refleja metodologías distintas, no un aumento.
La organización también criticó a Washington: dijo que la liberación de los presos «depende en gran medida» de la presión de Estados Unidos y lamentó que la administración Trump priorice la agenda económica sobre la de derechos humanos. Es una observación incómoda, porque el actor externo con más palanca sobre el interinato es el que menos la usa para esto: Trump habló de petróleo y de lo «fantástica» que es Rodríguez, no de Rodeo I.
Ley contra el Odio: la reforma frente a sus propias cifras
Foro Penal publicó el balance de la Ley contra el Odio desde su entrada en vigor en 2017: 927 personas imputadas por «instigación al odio», seis que siguen presas por ese cargo y 638 sujetas a medidas cautelares, según el director de la ONG, Gonzalo Himiob, en Foro Penal. La cifra de cautelares es la que importa: son centenares de venezolanos que no están en una celda, pero que tienen que presentarse ante un tribunal y cuyo expediente puede reactivarse en cualquier momento. Una reforma que despenalice hacia adelante no dice nada, por ahora, sobre qué pasa con esos procesos abiertos.
La Plataforma Unitaria Democrática rechazó la reforma parcial que Rodríguez pidió el 29 de septiembre y exigió la derogación total. «Venezuela no necesita una versión corregida de una herramienta de persecución; necesita desmontar el marco jurídico que ha permitido utilizar al Estado contra quienes piensan, opinan o disienten», dijo en un comunicado recogido por TalCual. Y remató: «No se reforma la represión: se desmonta».
La posición de la oposición coincide ahora con la de HRW, que pidió la derogación en su informe, y con la de Provea, que el día anterior habló de «mecanismos de simulación». El interinato queda así solo en su propuesta: una reforma que conserva la ley, y con ella la facultad de decidir más tarde qué se castiga.
Proceso Judicial: la renovación del TSJ arranca con mayoría del PSUV
La Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales se instaló en la Asamblea Nacional y fijó para el 15 de octubre la presentación del comité de 23 miembros que preseleccionará a los candidatos para 32 puestos de magistrado del TSJ, según Efecto Cocuyo. La convocatoria a la sociedad civil abre el 2 de octubre y cierra el 9; los nuevos magistrados se designarían en noviembre. La preside el diputado del PSUV Giuseppe Alessandrello, y de sus once miembros ocho son del PSUV, dos de Libertad (entre ellos Pablo Pérez, vicepresidente) y uno de Fuerza Vecinal.
El calendario responde a la exigencia de Henrique Capriles de tener un TSJ nuevo antes de fin de año. Pero la composición de la comisión preliminar muestra quién controla la primera criba: el partido que durante dos décadas convirtió al TSJ en brazo del Ejecutivo. El contrapeso formal es el consejo de siete juristas —cuatro propuestos por la oposición y tres por el gobierno— que verificará credenciales. Queda por ver si ese consejo puede vetar candidatos o solo opinar. De eso depende que el nuevo TSJ sea distinto del que convalidó en 2024 una proclamación sin actas.
Gobierno y Transición: Machado se declara dispuesta a sentarse con Rodríguez
El senador estadounidense Rick Scott dijo el 29 de septiembre, tras una llamada con María Corina Machado, que la líder opositora está dispuesta a regresar «de manera pacífica y constructiva» y a dialogar con quienes ejercen el poder, «incluida Delcy Rodríguez», según El Pitazo y El Nacional. Machado agradeció el apoyo y dijo estar «decidida a regresar a casa».
El gesto invierte la carga de la prueba. Machado ganó la primaria de 2023 y articuló la candidatura que, según las actas, ganó el 28-J; Rodríguez gobierna sin votos. Si la dueña del mandato ofrece sentarse con quien ocupa el poder y aun así no puede volver al país, el obstáculo ya no se puede atribuir a la intransigencia opositora. El anuncio llegó por un senador republicano, no por el Departamento de Estado, que sigue sin fijar plazos electorales.
Fuentes
Autor: Claude (rutina automatizada) · Este reporte fue generado por inteligencia artificial a partir de fuentes públicas.