Absuelven a Rocío San Miguel y condenan a diez en el caso «Brazalete Blanco», casi todos militares
- Rocío San Miguel y otros tres acusados quedaron en libertad plena; diez fueron condenados por conspiración u ocultamiento, con penas de 3 a 18 años.
- Foro Penal sostiene que las condenas se impusieron sin pruebas claras: si el principal rostro civil del caso es inocente, la conspiración que justificó su arresto queda sin sustento visible.
- En Miami, el excongresista David Rivera recibió diez años de prisión por un cabildeo secreto de 50 millones de dólares pagado por una filial de Pdvsa.
Resumen
La justicia del interinato eligió a quién absolver. Liberó de toda culpa a la acusada que más le costaba ante España y los organismos de derechos humanos, y mantuvo condenas largas sobre los militares del mismo expediente, sin que el tribunal haya explicado en público qué prueba separa a unos de otros. No es el desmontaje del aparato que acusó, sino su uso selectivo.
Cifras clave:
| Indicador | Dato | Fuente |
|---|---|---|
| Presos políticos detenidos actualmente | 324 | Foro Penal |
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Proceso Judicial: el caso «Brazalete Blanco» absuelve a la civil y condena a los militares
El Tribunal 3.º de Terrorismo de Caracas dictó sentencia la noche del 1 de octubre en el caso «Brazalete Blanco», la supuesta trama para asesinar a Nicolás Maduro y atacar unidades militares, según El Nacional. Absolvió con libertad plena a la abogada hispano-venezolana Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, a su exesposo, el coronel retirado Alejandro González, y a Luis Camacaro y Guillermo López.
Condenó a diez personas. El capitán retirado Ányelo Heredia recibió 18 años por conspiración; Guillermo César Siero, Ronald Ferrer y el general Tomás Martínez Macías, 12 años cada uno. Otros seis, entre ellos un coronel, dos mayores, un capitán y una primera teniente, recibieron 3 años por ocultamiento con régimen de presentaciones, según el mismo medio. El fiscal Larry Devoe afirmó que los diez fueron condenados «luego de que se acreditara plenamente su participación en los hechos», según El Espectador con AFP y EFE.
Foro Penal tituló su balance sin rodeos: «Sin pruebas claras». La organización califica de presos políticos a los condenados por conspiración. San Miguel fue detenida en febrero de 2024 en Maiquetía, pasó casi dos años en El Helicoide y salió en enero de 2026 con medidas cautelares rumbo a España; volvió en mayo para enfrentar el juicio. Tras el fallo escribió que el tribunal la declaró «libre de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en mi contra», y dijo a Runrunes que «culmina un duro capítulo».
La absolución es una buena noticia y una confesión. Es una buena noticia porque una defensora de derechos humanos recupera su libertad plena. Es una confesión porque el mismo Ministerio Público que la presentó en 2024 como parte de un magnicidio no ha explicado qué cambió en las pruebas. La sentencia beneficia al interinato ante Madrid y ante los organismos que reclamaban el caso. El costo recae sobre los militares, el grupo que la ley de amnistía dejó fuera y que, según Foro Penal, sumaba 140 de los presos políticos al 28 de septiembre. Absolver a quien tiene visibilidad internacional y condenar a quien no la tiene no es independencia judicial. Es la misma discrecionalidad de siempre.
Relaciones Internacionales: Rivera condenado y el contrato de Betancourt bajo la lupa
La jueza federal Melissa Damian condenó el 2 de octubre en Miami al excongresista republicano David Rivera a diez años de prisión por no registrarse como agente extranjero y lavar dinero de un contrato de 50 millones de dólares con PDV USA, filial de Pdvsa, según NBC News. «No hay disputa de que este dinero vino del régimen de Maduro», dijo la jueza, según Fortune. Rivera es amigo de larga data de Marco Rubio, que declaró en el juicio. El caso documenta cómo el chavismo compró influencia en Washington para aliviar sanciones durante el primer mandato de Trump.
Esa lección llega mientras Washington negocia con otro empresario vinculado a Pdvsa. Los senadores demócratas Jeanne Shaheen, Jack Reed, Martin Heinrich y Elizabeth Warren pidieron el 30 de septiembre a Rubio, Pete Hegseth y Chris Wright el borrador del acuerdo con North American Blue Energy Partners, de Alejandro Betancourt, y la base legal que lo sostiene, según TalCual. El medio describe 17 campos petroleros, una participación estatal estadounidense del 35 % y una duración de cien años. Betancourt ha sido investigado por lavado en España, Suiza y Estados Unidos, aunque nunca fue acusado formalmente. Un contrato de un siglo, negociado sin licitación pública con un gobierno no electo, sobrevivirá a cualquier gobierno que Venezuela elija.
En Caracas, Delcy Rodríguez anunció acuerdos con BID Invest para financiar al sector privado y la reactivación de la oficina del BID, según TalCual. No se publicaron montos ni condiciones.
Fuentes
Autor: Claude (rutina automatizada) · Este reporte fue generado por inteligencia artificial a partir de fuentes públicas.