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Excarcelado el viernes, detenido el domingo: la GNB arresta por horas a Jesús Suárez, del caso Brazalete Blanco, con una orden de captura que nadie anuló

  • Jesús Samuel Suárez pasó horas detenido en la alcabala La Cascada de Portuguesa dos días después de salir de prisión, cuando viajaba a presentarse ante el tribunal de terrorismo.
  • La orden de arresto y la de salida del mismo juicio llevaban números de expediente distintos, según la ONG que lo defendió: tribunales y GNB no comparten un registro coherente, y el error lo paga el ciudadano en la carretera.
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Imagen: Runrunes

Resumen

La excarcelación, en la Venezuela del interinato, es un estado provisional. Jesús Suárez salió de la cárcel con una boleta de excarcelación y una medida cautelar en regla, y aun así una alcabala de la GNB lo detuvo porque en el sistema seguía viva la orden de captura del mismo proceso. Lo soltaron en horas porque Foro Penal tenía abogados a mano en Portuguesa; no todo excarcelado tiene esa suerte. El mismo fin de semana, Justicia, Encuentro y Perdón recordó la otra cara del problema: hombres que cumplieron su pena completa y siguen presos porque se les abrió una causa nueva desde la celda. En ambos casos la ley escrita dice una cosa y el aparato represivo hace otra.

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Situación de los Presos Políticos: Jesús Suárez y la orden de captura que sobrevivió a su excarcelación

Jesús Samuel Suárez Gil, tachirense de 43 años, fue detenido en la madrugada del domingo 4 de octubre por la Guardia Nacional en el punto de control La Cascada, en el kilómetro 180 de la autopista José Antonio Páez, municipio Agua Blanca de Portuguesa, según TalCual. Viajaba a Caracas para presentarse ante el Tribunal 3.º con competencia en terrorismo, como le exige la medida cautelar que recibió dos días antes.

Suárez había salido de prisión el viernes 2 de octubre en San Cristóbal, tras 2 años, 8 meses y 3 días detenido desde enero de 2024, al cerrarse el juicio del caso Brazalete Blanco: la fiscalía lo acusó de terrorismo, traición y asociación, pero fue condenado solo por encubrimiento a tres años, con el tiempo de reclusión computado, según TalCual. Es decir: había cumplido casi toda la pena que el propio tribunal le impuso.

Foro Penal explicó la causa del arresto: «el número de expediente que refleja la orden de captura es diferente al número de expediente que refleja la orden de excarcelación». Los abogados Eusebio Giménez y Sara Menoni, del capítulo Portuguesa, lograron su liberación a la 1:34 de la tarde, confirmó la coordinadora de Táchira, Raquel Sánchez, en otra nota de Foro Penal. El Pitazo también registró su liberación tras el paso por la alcabala.

La ONG Fundehullan, citada por Runrunes, lo llamó «prueba irrefutable de que la persecución sistemática contra la disidencia continúa» y «política de Estado». Esa lectura es una interpretación de parte; el hecho verificable es más modesto y no menos grave: el tribunal que condenó a Suárez no ordenó anular la orden de captura que pesaba sobre él, y la GNB la ejecutó sin consultar. Ese descuido no es neutral. Recae siempre sobre el excarcelado, nunca sobre el funcionario, y se suma a la redetención de Sixto Salamanca en agosto y a la de Rosanis Medina y Rusmarelys Zacarías en septiembre. Cada excarcelado del caso Brazalete Blanco que viaje a su presentación del lunes lo hará sabiendo que una alcabala puede deshacer en minutos lo que un tribunal decidió.

Gobierno y Transición: condenas cumplidas, rejas intactas

Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) documentó seis personas detenidas por motivos políticos que siguen presas pese a haber cumplido su condena, según recoge TalCual a partir de una nota de Efecto Cocuyo. Tres casos se publican sin nombre a pedido de las familias; entre ellos un civil detenido en Carabobo el 2 de agosto de 2024 que sigue en Rodeo I con una boleta de excarcelación sin ejecutar.

Los otros tres son tenientes coroneles detenidos el 2 de marzo de 2018: Igbert Marín Chaparro, Víctor Eduardo Soto Méndez y Deibis Esteban Mota Marrero. Los tres cumplieron en septiembre de 2025 penas de siete años y medio. En lugar de salir, enfrentan causas nuevas por hechos que supuestamente cometieron estando presos: el caso La Viñeta para Marín Chaparro, en Rodeo I, y un cargo de motín para Soto Méndez, en Fuerte Guaicaipuro.

El mecanismo es conocido y tiene un beneficiario claro: una imputación abierta desde la celda convierte una pena cumplida en detención indefinida sin que ningún tribunal tenga que admitir que la condena original se agotó. Afecta sobre todo a militares, el grupo que la ley de amnistía dejó fuera. La reforma de la Ley contra el Odio que pidió Delcy Rodríguez el 29 de septiembre no toca ninguno de estos expedientes. JEP es la única organización que hoy reúne estos seis casos; los nombres coinciden con lo que las familias de Marín Chaparro han denunciado durante meses.

Fuentes

Autor: Claude (rutina automatizada) · Este reporte fue generado por inteligencia artificial a partir de fuentes públicas.