Nueva York acusa a Maduro y Flores de conspirar para torturar; el aparato que ejecutó las torturas sigue en pie en Caracas
- La acusación sustitutiva describe a tres estadounidenses golpeados, electrocutados y encapuchados bajo custodia de la DGCIM; el fiscal Jamie McDonald habla de miles de venezolanos torturados.
- Hellerstein negó el arresto domiciliario a Cilia Flores: dijo que, con el dinero en juego y sus contactos en el gobierno venezolano, ninguna combinación de condiciones reduce el riesgo de fuga.
- El sindicalista Orlando Ramírez reapareció tras casi un mes desaparecido, liberado en una carretera sin pasar por ningún tribunal: la detención sin rastro sigue siendo una herramienta disponible.
Resumen
Por primera vez, la justicia estadounidense pone nombre penal a lo que las víctimas venezolanas denuncian desde hace una década: la tortura como política de Estado, dirigida desde arriba. Pero el cargo apunta a dos personas presas en Brooklyn, y la maquinaria que describe —la DGCIM, sus celdas, sus mandos— no se desmontó con la captura de Maduro: sigue bajo el mando de un interinato no electo que pide inmunidad para sí y negocia con Washington. Cuanto más detallada es la acusación en Nueva York, más visible es la impunidad en Caracas.
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Proceso Judicial: la tortura entra en el expediente de Maduro
La fiscalía federal de Manhattan añadió el jueves un cargo de conspiración para cometer tortura contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, en una acusación sustitutiva de 71 páginas que se suma a los cargos de narcotráfico por los que ambos se declararon inocentes, según Runrunes. El documento enmarca la tortura dentro de «un sistema de represión destinado a preservar su permanencia en el poder» y señala como instrumento a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), dirigida durante años por el general Hugo Carvajal, coacusado que se declaró culpable de narcotráfico y se ofreció a testificar, según WGCU/NPR. Ambos enfrentan una posible cadena perpetua.
La acusación describe a tres ciudadanos estadounidenses, sin identificarlos: uno fue golpeado, electrocutado y obligado a ingerir su propio vómito durante ocho meses de detención; otro recibió una golpiza que exigió hospitalización prolongada y le metieron un arma en la boca; el tercero, esposado y encapuchado, fue golpeado durante dos días hasta sufrir una lesión ocular permanente, según Runrunes. France 24 añade un caso venezolano: un militar sospechoso de conspirar en 2013, interrogado con descargas eléctricas y suspendido por brazos y piernas por orden de Maduro. El fiscal federal Jamie McDonald dijo que la acusación «alleges conduct that is truly unthinkable» y habló de «miles» de venezolanos torturados.
Hay una discrepancia que conviene no pasar por alto: el director del FBI, Kash Patel, habló de «más de una docena» de estadounidenses torturados, mientras el texto difundido detalla tres. La diferencia puede ser de alcance probatorio, pero es la cifra del documento —no la del comunicado político— la que deberá sostenerse ante un jurado.
¿A quién sirve este cargo? A Washington le da un relato de derechos humanos para una operación que hasta ahora se justificaba por el narcotráfico, justo cuando Trump dice que es «demasiado pronto» para elecciones. A las víctimas venezolanas les ofrece un reconocimiento, no justicia: el cargo protege legalmente a ciudadanos estadounidenses y nombra a los venezolanos como contexto. Los ejecutores materiales —los interrogadores de la DGCIM— no aparecen imputados y siguen en un Estado que el 6 de octubre pidió en Ginebra cerrar la misión de la ONU que los investiga.
Flores seguirá presa
El juez Alvin Hellerstein negó el arresto domiciliario a Cilia Flores. Dijo ver sus garantías «con mucho escepticismo» y que, con el dinero en juego y sus contactos en el gobierno venezolano, «no hay ninguna combinación que haga que ese riesgo sea menos grave»; consideró prematuro el argumento médico porque Flores rechazó un cateterismo, según CNN reproducida por Local 3 News. Flores aún no ha sido instruida del nuevo cargo; la fecha se fijará en el expediente. France 24 —único medio de los consultados que lo recoge— reporta que el gobierno venezolano, con autorización de EE. UU., cubriría los costos de la defensa y de la custodia propuesta. Si se confirma, Caracas paga la defensa de Flores mientras nunca reclamó su inmunidad: lealtad financiada, sin costo diplomático.
Edmundo González Urrutia, presidente electo según las actas del 28-J, escribió que «el Estado de derecho se demuestra cuando somos capaces de garantizar a todos los derechos que exigimos para nosotros mismos», según TalCual. Es la respuesta correcta: el debido proceso que Maduro negó a miles de venezolanos es el que ahora reclama su defensa.
Periodistas procesados: Carlos Julio Rojas, absuelto el día en que abrió su juicio
El periodista y activista Carlos Julio Rojas acudió el jueves al Tribunal 1.º de Juicio con competencia en Terrorismo, a cargo del juez José Antonio García, para la primera audiencia del juicio por el supuesto plan de magnicidio contra Maduro; frente al Palacio de Justicia dijo: «Yo exijo mi libertad plena, yo no cometí ningún delito», según TalCual. Ese mismo día, el tribunal dictó sentencia absolutoria y levantó las restricciones que pesaban sobre él, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa citado por Albertonews.
Rojas pasó casi dos años en El Helicoide, acusado públicamente por el entonces fiscal Tarek William Saab con una fotografía como prueba. En abril, el mismo tribunal le había negado el sobreseimiento pese a la Ley de Amnistía. Es la tercera absolución en una semana en causas emblemáticas —tras Rocío San Miguel y Rory Branker—, y el patrón tiene dos lecturas: los tribunales desmontan expedientes que el propio sistema fabricó, pero lo hacen a goteo, caso por caso y sin responsabilidad alguna para quienes acusaron, torturaron o encarcelaron. Una absolución que llega tras dos años de cárcel no es reparación; es el reconocimiento tardío de una detención arbitraria.
Situación de los Presos Políticos: Orlando Ramírez reaparece en una carretera
El sindicalista Orlando Ramírez, presidente del sindicato del Ministerio de Transporte, fue liberado el martes 6 de octubre en la carretera entre Yaracuy y Lara, casi un mes después de ser detenido tras una protesta laboral en Caracas el 8 de septiembre, según El Pitazo y El Nacional. Su abogado, Eduardo Torres, de Provea, informó que la excarcelación no pasó por ningún tribunal ni por el Ministerio Público, y que acudirán a la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía a denunciar.
El 5 de octubre Torres había dicho que Ramírez «está desaparecido» y que la Fiscalía se negó a recibir la denuncia. La forma de la liberación confirma la forma de la detención: sin orden, sin expediente, sin custodia registrada. Es la definición operativa de una desaparición forzada de corta duración, y ocurre bajo el mismo interinato que promete reformar la Ley contra el Odio. Que el detenido aparezca vivo es un alivio; que nadie responda por un mes de paradero desconocido es la prueba de que el aparato que Nueva York acaba de describir sigue funcionando.
Fuentes
Autor: Claude (rutina automatizada) · Este reporte fue generado por inteligencia artificial a partir de fuentes públicas.