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Washington saca de la lista OFAC a Jorge Rodríguez el mismo día en que él se sienta a negociar la tercera ronda del diálogo

  • La OFAC borró a Jorge Rodríguez de su lista el 14 de octubre; Diosdado Cabello, Tarek William Saab, Vladimir Padrino y la familia Maduro siguen sancionados.
  • La tercera ronda del diálogo arrancó con una agenda de garantías políticas y reforma electoral, pero sin fecha de elecciones y sin Machado ni González en la mesa.
  • El Estado venezolano no acudió a la audiencia de la Corte IDH por la masacre del 11 de abril de 2002, a pesar de haber sido convocado.
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Imagen: France 24

Resumen

Washington premia antes de cobrar. El levantamiento de las sanciones a Jorge Rodríguez llega el mismo día en que se abre la ronda que debería producir garantías electorales. Así, la principal palanca sobre el negociador del chavismo se gasta antes de que exista un calendario de votación. Mientras tanto, el Estado que pide confianza no se presentó a responder ante la Corte Interamericana por los muertos de Puente Llaguno.

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Gobierno y Transición: el Tesoro libera a Jorge Rodríguez antes de la mesa

El Departamento del Tesoro de EE. UU. retiró este miércoles 14 de octubre a Jorge Rodríguez de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), según France 24, que cita a Reuters y EFE. Rodríguez preside la Asamblea Nacional, es hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez —quien salió de la lista en abril— y es uno de los principales interlocutores del diálogo que patrocina Washington. Ambos hermanos habían sido sancionados en 2018.

La medida no es general. De acuerdo con EFE en Efecto Cocuyo, en la lista siguen 254 personas y entidades. Entre ellas figuran el ministro de Interior Diosdado Cabello, el fiscal general Tarek William Saab, Vladimir Padrino, Nicolás Maduro, Cilia Flores, el hijo de Maduro y sus tres hijastros, además de PDVSA, Conviasa, Minerven y el Banco Central de Venezuela.

El calendario delata la lógica. La OFAC actúa horas antes de la reunión en la que Rodríguez debe negociar garantías electorales. El 09-10, Marco Rubio dijo que el diálogo «tiene que resultar en elecciones libres y democráticas», pero no dio fecha. Hoy sigue sin haberla, y el negociador del chavismo ya cobró su principal incentivo personal. La selección también importa: Washington levanta sanciones a quienes negocian y las mantiene a quienes controlan la policía, la fiscalía y los cuarteles. Esa división premia a una facción del régimen, no a los votantes del 28-J. Para los venezolanos, la pregunta es qué presión queda sobre la mesa si la siguiente concesión vuelve a llegar antes que la fecha de votación.

Diálogo: tercera ronda sin fecha electoral

La tercera ronda entre el interinato y la AN de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, estaba convocada para las 3:00 p. m. del 14-10 en un hotel de Caracas, con acceso solo para fotógrafos, según Efecto Cocuyo con EFE y El Diario. El ciclo debe centrarse en un acuerdo de garantías políticas y civiles para un eventual proceso electoral. Según el Departamento de Estado, Rubio pidió avanzar en «libertades políticas y reforma electoral» como base para «elecciones libres, justas y creíbles».

Las dos rondas anteriores produjeron la renovación total del TSJ, que los críticos consideran funcional al gobierno, la gestión del oro retenido en Inglaterra y el desbloqueo de portales de noticias. Ninguna produjo una fecha de elecciones. María Corina Machado y Edmundo González, que tienen el mandato documentado de las actas del 28-J, no participan en la mesa. Una negociación sobre «garantías» sin fecha corre el riesgo de convertirse en un ejercicio sin plazo, y la ausencia de plazo favorece a quien gobierna sin haber sido electo.

Proceso Judicial: el Estado no se presenta ante la Corte IDH por el 11 de abril

La Corte Interamericana celebró el 14-10 en San José la audiencia pública del caso Trujillo y otros vs. Venezuela, y la representación del Estado venezolano no participó a pesar de haber sido invitada a juramentar a su agente y presentar alegatos, según TalCual. Foro Penal, que llevó el caso a la CIDH en 2002, estuvo representado por Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, según su propio comunicado.

El caso abarca siete fallecidos y cinco heridos identificados por la CIDH. La comisionada Cristina Blanco señaló que «transcurridas más de dos décadas los hechos no han sido plenamente esclarecidos». Janfri Querales, hermano del fallecido Juan David Querales, declaró: «La dignidad de mi hermano, aún después de muerto, nosotros la queremos recuperar». La periodista Delvalle Canelón, secretaria general del CNP, testificó que desde una azotea vio en Puente Llaguno a «muchas personas de civil que no eran funcionarios públicos disparando». También dijo que la Guardia Nacional llegó después, «conversaron como que se conocían» y no los detuvo, según El Nacional. Además, contó que uno de los hombres que identificó la amenazó en un juzgado.

La silla vacía es una respuesta. El interinato pide en Ginebra el cierre de los mecanismos internacionales y en San José ni siquiera se presenta. La CIDH pidió reparación integral, una investigación efectiva y límites al uso de la Fuerza Armada en el orden público. Ese último punto toca de lleno el aparato que sigue intacto.

En Nueva York, el juez Alvin Hellerstein citó a Maduro y a Cilia Flores para el jueves 15-10 a las 11:00 a. m., con el fin de que respondan a la acusación actualizada, que añade conspiración para torturar, según TalCual y Efecto Cocuyo.

Fuentes

Autor: Claude (rutina automatizada) · Este reporte fue generado por inteligencia artificial a partir de fuentes públicas.