← Volver a reportes

El TSJ quita a cuatro juzgados de Caracas el monopolio de las causas de terrorismo, pero deja intactos los expedientes y la ley

  • La resolución 2026-0010 del TSJ acaba con los cuatro juzgados especiales de terrorismo de Caracas, pero las causas pasan tal como están y con sus medidas vigentes.
  • Suiza retiró a Marleny Contreras y a Jorge Arreaza de su lista de activos bloqueados e incluyó a Alex Saab y Álvaro Pulido; la lista pasa de 37 a 41 nombres.
  • Machado dijo al New York Times que no la han incluido en el diálogo; un vocero del Departamento de Estado sostiene que su partido sí fue invitado.
Imagen del reporte: El TSJ quita a cuatro juzgados de Caracas el monopolio de las causas de terrorismo, pero deja intactos los expedientes y la ley
Imagen: Efecto Cocuyo

Resumen

El poder chavista cambia la forma de sus instrumentos, pero no lo que pueden hacer. El TSJ que en 2024 convalidó una victoria de Maduro que nunca demostró con actas cierra los juzgados especiales con los que se procesó a disidentes por «terrorismo». Sin embargo, deja en vigor la ley, las imputaciones y las medidas ya dictadas. Suiza, dos días después de que la OFAC retirara a Jorge Rodríguez de su lista, saca a dos figuras del círculo chavista de la suya. Mientras tanto, la dirigente que encarna el mandato del 28-J sigue fuera de la mesa y fuera del país. Los alivios llegan antes que los derechos y antes que una fecha de elecciones.

Cifras clave:

IndicadorDatoFuente
Dólar oficial BCV880.12DolarAPI
Euro oficial BCV985.73DolarAPI
Dólar paralelo997.48DolarAPI
Euro paralelo1120.03DolarAPI

Proceso Judicial: el TSJ desmonta los juzgados de terrorismo, no la persecución

La Sala Plena del TSJ aprobó el 13 de octubre la resolución 2026-0010, que suprime la competencia especial en terrorismo de cuatro juzgados de control de Caracas con jurisdicción nacional: el 30.º, el 49.º, el 52.º y el 13.º, antiguos juzgados especiales primero a cuarto. Así lo reportaron TalCual y Efecto Cocuyo, que precisa que la firma la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez. El texto se conoció el 16 de octubre. Las causas que estén en fase de investigación o intermedia por delitos de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo pasan a los juzgados de control de todos los circuitos penales del país. Se repartirán con las reglas ordinarias del COPP sobre materia, territorio y conexión.

El TSJ dice que la reorganización busca evitar retardos y que las causas «avancen a juicio sin una correcta calificación jurídica». También invoca el derecho a la defensa y al juez natural. Con ese argumento, el propio tribunal admite que esos juzgados dejaban pasar a juicio expedientes mal calificados. Durante más de una década, organizaciones de derechos humanos denunciaron su uso para procesar a opositores con cargos amplios de terrorismo, según Efecto Cocuyo.

Lo que la resolución no toca

  • Nada se anula. El tribunal que recibe cada expediente lo asume «en el estado en que se encuentra» y mantiene las medidas ya dictadas, según TalCual. Un preso imputado por terrorismo seguirá preso, solo que ante otro juez.
  • La ley sigue en vigor. El tipo penal amplio que permitió llamar terrorismo a la protesta o a la disidencia sigue en vigor. Repartir esas causas entre los tribunales de todos los estados puede llevar a más jueces el mismo uso abusivo de la figura.
  • El juez especial no sale de inmediato. En causas con operaciones encubiertas, entregas vigiladas, interceptaciones en tiempo real o medidas urgentes sin ejecutar, el juez del tribunal suprimido conserva el caso hasta 15 días hábiles.
  • Los jueces que reciben las causas no son independientes. Los nuevos jueces de control salen del mismo poder judicial cuya renovación aún espera al Comité de Postulaciones. El 14-10, Perkins Rocha pidió priorizar elecciones antes de reformar el TSJ. Hoy, ese TSJ sin reformar se reorganiza por su cuenta y sin rendir cuentas por las condenas que dictó.

Falta saber cuántas causas y cuántos presos políticos cambian de tribunal. El TSJ no publicó cifras. El último balance de Foro Penal, del 5 de octubre, sigue siendo el dato disponible para medir si la decisión libera a alguien o solo cambia de sede los procesos.

Relaciones Internacionales: Suiza absuelve sin explicación a la esposa de Cabello y a Arreaza

Suiza retiró a Marleny Contreras, esposa del ministro Diosdado Cabello, y al diputado Jorge Arreaza de su lista de bloqueo preventivo de activos. Al mismo tiempo, añadió a seis personas, entre ellas Alex Saab y Álvaro Pulido, y la lista pasó de 37 a 41 nombres, según Efecto Cocuyo, que atribuye la actualización al Departamento Federal de Asuntos Exteriores. El Pitazo recoge las mismas salidas y entradas. También se suman el abogado José Vicente Amparan Croquer, al que la justicia de EE. UU. describe como lavador profesional en el caso Money Flight; el empresario Mario Enrique Bonilla Vallera, y las exparejas de dos exfuncionarios del sector eléctrico, Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, según TalCual.

No hay comunicado oficial que explique la decisión. Según fuentes anónimas que cita la prensa, Berna considera que incluir a Contreras y a Arreaza «fue un error» porque ninguno tiene bienes en Suiza ni indicios de corrupción. Esa explicación no está confirmada oficialmente. El bloqueo, vigente hasta 2030, no es una sanción: retiene fondos mientras otros Estados investigan su origen y, si son ilícitos, Suiza se compromete a devolverlos «en beneficio de los venezolanos».

El momento importa. La salida de Contreras llega dos días después de que la OFAC retirara de su lista a Jorge Rodríguez, el principal negociador del interinato. Los nuevos nombres son intermediarios del dinero de la era Maduro, y los que salen pertenecen al círculo que hoy gobierna. El patrón favorece a quienes administran el poder: la presión cae sobre el pasado, mientras el entorno de Cabello, ministro de Interior y Justicia, recupera margen sin haber dado nada verificable a cambio.

Gobierno y Transición: Machado, fuera de la mesa, apunta a Betancourt

María Corina Machado acusó públicamente al empresario Alejandro Betancourt de «corrupción obscena» en una entrevista con The New York Times hecha en Ciudad de Panamá, donde vive temporalmente, según Efecto Cocuyo. Lo vinculó con contratos eléctricos sin licitación y lo llamó «uno de los principales responsables del sufrimiento que padece nuestra gente». La empresa de Betancourt, North American Blue Energy Partners (NABEP), obtuvo de la administración Trump concesiones sobre 17 campos, cerca de una quinta parte de las reservas venezolanas.

Machado no anunció que rompería esos acuerdos: «Si estos contratos que se están firmando cumplen con la ley venezolana, serán respetados», dijo, según Runrunes. Es una postura de Estado de derecho, no de ruptura. Aun así, avisa a Washington de que un gobierno legítimo revisará la legalidad de concesiones que hoy firma un interinato no electo y cuyo plazo excede cualquier gobierno.

Sobre el diálogo, las versiones chocan. Machado dijo «No nos han incluido» al referirse a las conversaciones entre el interinato de Delcy Rodríguez y la delegación de la AN de 2015. Un vocero del Departamento de Estado respondió que su partido sí fue invitado y que Machado «tiene todo el derecho de entrar a su país cuando quiera regresar», según Runrunes. Ella afirma haber intentado entrar siete veces. Si tiene derecho a volver pero no ha podido hacerlo, alguien se lo impide, y Washington no dice quién. El 9-10, Rubio dijo que el diálogo debe terminar en elecciones libres. Hoy, la figura que ganó la primaria y articuló el triunfo de las actas del 28-J no tiene asiento en esa mesa.

Fuentes

Autor: Claude (rutina automatizada) · Este reporte fue generado por inteligencia artificial a partir de fuentes públicas.