La AN incumple por segunda vez su propio calendario y deja sin nombrar a la sociedad civil del comité que renovará el TSJ
- La AN chavista no sesionó el 20 de octubre y aplazó por segunda vez, sin explicar por qué, la elección de los 12 civiles del comité que preseleccionará a los magistrados del TSJ.
- Foro Penal sostiene que un TSJ con jueces intachables no sirve de nada si el aparato represivo, el Código Penal y las leyes de persecución quedan en las mismas manos.
- Trabajadores y jubilados de las empresas básicas de Guayana cumplen siete días de protesta por un bono de 1.200 dólares sin respuesta oficial.
Resumen
La renovación del TSJ es la pieza que el interinato exhibe como prueba de reforma, y este martes volvió a mostrar quién controla su reloj. La Asamblea Nacional, que eligió en 2025 una mayoría chavista sin competencia real, decide cuándo se forma el comité, con qué criterios y sin dar razones cuando no cumple. Mientras tanto, Foro Penal y los obispos coinciden en el diagnóstico: el cambio de nombres en la cúpula no toca la maquinaria que encarcela, y la mejora económica prometida tras el 3 de enero no llega a quienes protestan en Guayana.
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Proceso Judicial: la AN vuelve a aplazar el Comité de Postulaciones
La Asamblea Nacional no convocó la sesión ordinaria del martes 20 de octubre, en la que debía designar a los 12 representantes de la sociedad civil que, junto a 11 diputados, integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales encargado de preseleccionar a los nuevos magistrados del TSJ, según El Nacional y El Informador. La votación queda para el jueves 22 de octubre, la próxima plenaria. Ningún medio recoge una explicación oficial.
Es el segundo incumplimiento del calendario que la propia AN se fijó. La elección estaba prevista para el 15 de octubre y se movió alegando el volumen de aspirantes. Luego Luis Florido, vicepresidente de la comisión preliminar, aseguró que la designación sería el martes 20 y la instalación del comité el miércoles 21; ninguna de las dos fechas se cumplió. Giuseppe Alessandrello, presidente de la comisión, había celebrado 127 postulaciones como superiores a «todo lo histórico» de la AN.
La demora no es neutral. Transparencia Venezuela identificó vínculos partidistas en 52 de esos 127 aspirantes: 13 militantes del PSUV, 30 con nexos con el oficialismo y 9 con otras organizaciones, según El Nacional. La comisión no ha publicado el baremo de evaluación. Un Parlamento sin mandato competitivo controla el ritmo, los criterios y la lista de un comité que definirá el poder judicial de la transición; cada semana de opacidad le da más margen para negociar los 12 puestos lejos del público. Que el jueves 22 coincida con la protesta de Vente y la marcha del PSUV garantiza, además, que la votación compita por atención.
Foro Penal: el problema no es solo quién ocupa el TSJ
Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, advirtió el 20 de octubre que renovar magistrados no basta: «De nada sirve tener unos jueces impolutos, perfectos, honestos, capaces en el Tribunal Supremo de Justicia» si el aparato represivo sigue en manos de las mismas personas, según la nota de EFE reproducida por Foro Penal. Pidió reconstruir el sistema de justicia «desde sus mismas bases», reformar un Código Penal que calificó de «anacrónico» y reformar o derogar las leyes usadas para la persecución política. Alfredo Romero, presidente de la ONG, dijo que el sistema judicial «todavía sigue siendo un instrumento de persecución política», según Confirmado.
El planteamiento choca con el diseño en curso. La reforma de la Ley contra el Odio, avalada por la Sala Constitucional el 15 de octubre, mantiene el castigo en manos del Ministerio de Interior; los tribunales de terrorismo perdieron competencia nacional, pero sus causas no se anularon. Renovar la cúpula sin tocar fiscales, jueces de instancia y leyes deja intacta la cadena que produce presos políticos.
La Conferencia Episcopal Venezolana apuntó en la misma dirección. Su presidente, Jesús González de Zárate, dijo al abrir la asamblea plenaria el 19 de octubre que las expectativas del 3 de enero «se han ido diluyendo» porque no llegan ni la recuperación económica ni la democratización, y pidió liberar a todos los presos y garantizar el debido proceso, según TalCual. Los obispos publicarán una exhortación al cierre.
Gremios: siete días de protesta en Guayana
Trabajadores y jubilados de las empresas básicas de Guayana cumplieron siete días de protesta para exigir un bono único de 1.200 dólares en sustitución de las utilidades, según Runrunes. Hugo Medina, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la CVG, calculó el costo en 96 millones de dólares —una tonelada métrica de oro, dijo— y describió la única respuesta oficial como «el silencio administrativo». César Marcano, trabajador de Ferrominera, denunció que cuatro hombres no identificados lo retuvieron una hora el 19 de octubre en San Félix; el hecho no tiene confirmación independiente. La protesta se suma a la huelga petrolera en la Costa Oriental del Lago iniciada el 19 de octubre. Un Estado que entrega campos petroleros y concesiones mineras por décadas no encuentra en sus cuentas el pago de quienes trabajan en sus propias empresas.
Periodistas procesados: el caso Jonathan Carrillo
Jonathan Carrillo, estudiante de comunicación social detenido en 2022, acumula siete audiencias en el Tribunal 23 de juicio de Caracas sin que se haya probado su vínculo con los hechos, según el SNTP citado por Runrunes. Pasó tres años en El Helicoide y siete meses en Yare I; salió el 26 de febrero con régimen de presentación. Se le imputan cinco delitos por el supuesto ingreso ilegal de un extranjero. «Soy inocente y ante el país pido libertad plena», dijo en la séptima audiencia. Es, según el SNTP, el último periodista bajo medidas cautelares en su registro: la excarcelación no cerró la causa, y mantenerla abierta sigue siendo una herramienta de control.
Fuentes
Autor: Claude (rutina automatizada) · Este reporte fue generado por inteligencia artificial a partir de fuentes públicas.