El interinato pide a la ONU archivar el caso de la Ley contra las ONG sin responder a los relatores; magistrados del exilio reclaman su investidura
- Ante la ONU, el interinato defendió la Ley contra las ONG alegando que la libertad de asociación «no tiene carácter absoluto» y pidió cerrar el caso sin responder a los relatores, según Runrunes y Provea.
- Ocho magistrados del TSJ en el exilio pidieron por carta a Dinorah Figuera que la AN de 2015 reconozca su investidura o los indemnice, antes de que el chavismo complete la renovación del Supremo.
- Dos días después de admitir abusos con la Ley contra el Odio, el interinato blinda otra ley de control social: la apertura llega por partes y nunca a costa del aparato represivo entero.
Resumen
El 29 de octubre Delcy Rodríguez admitió que la Ley contra el Odio «se había aplicado de forma abusiva». Un día después, su representación ante la ONU defendió sin matices la otra gran ley de cierre del espacio cívico, la que somete a las ONG a fiscalización y registro, y pidió archivar el caso. La lectura es una sola: el interinato reconoce el abuso cuando le cuesta poco y protege la herramienta cuando le sirve. Mientras tanto, la renovación del TSJ avanza bajo control oficialista y los magistrados que la AN legítima designó en 2017 piden que no se les borre por acuerdo político.
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Gobierno y Transición: la Ley contra las ONG ante la ONU
La representación del interinato pidió formalmente a la ONU dar por «concluido» el expediente sobre la Ley contra las ONG, sin responder las 12 preguntas que cuatro relatores especiales de derechos humanos formularon desde 2023 sobre los riesgos de la norma para la sociedad civil, según Runrunes el 30 de octubre. El escrito sostiene que las libertades de expresión y asociación «no tienen carácter absoluto», compara la ley con los marcos de control de Rusia, China y Nicaragua y afirma que su texto fue fruto de un «amplio proceso de consultas públicas»; los relatores habían advertido que el proyecto ni siquiera se publicó formalmente para debate. Provea, citada en la misma nota, calificó la respuesta de «vaga y extemporánea». Runrunes es por ahora el único medio que recoge el escrito, y no publica su número ni su fecha exacta: el contenido descansa en esa nota y en la reacción de Provea.
El contraste con el 29 de octubre es directo. Ese día Rodríguez dijo que la Ley contra el Odio «se había aplicado de forma abusiva» y prometió consultar una reforma; el 26 había asegurado que «no hay persecución política en Venezuela». Hoy su gobierno elige como referentes a Moscú, Pekín y Managua para justificar el control sobre las organizaciones que documentan presos, torturas y muertes bajo custodia. ¿A quién sirve? A un poder no electo que necesita llegar a cualquier negociación electoral con la sociedad civil vigilada y financieramente asfixiada. Ninguna transición creíble convive con una ley que exige a las ONG entregar listas de miembros y donantes.
Proceso Judicial: los magistrados del exilio reclaman su silla
Ocho magistrados del TSJ en el exilio enviaron una carta a Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el diálogo, para pedir que la AN de 2015 reconozca su investidura o, si se les destituye, que se les indemnice, según Efecto Cocuyo. La carta, fechada el 20 de octubre, la firman Rommel Gil Piñero, Zuleima González, Milton Ladera, Rafael Ortega, Luis María Ramos, Beatriz Ruiz, Gustavo Sosa Izaguirre y José Zamora. Invocan su designación del 21 de julio de 2017 conforme al artículo 264 de la Constitución y el artículo 22 del Estatuto de Transición de 2019, y sostienen que «el período constitucional previsto para el ejercicio de la magistratura no ha concluido». Gil Piñero resumió: «Los acuerdos políticos no pueden violar la ley». Efecto Cocuyo es el único medio que publica la carta.
El reclamo choca con el proceso que dirige el Comité de Postulaciones Judiciales, presidido por el diputado del PSUV Giuseppe Alessandrello, que esta semana registró 83 aspirantes para 32 sillas y admitió que los postulados del proceso anulado de mayo no necesitan volver a consignar recaudos. La pregunta incómoda es para ambas partes del diálogo: si la oposición acepta un TSJ nuevo nacido de una AN chavista sin resolver la situación de los magistrados que ella misma designó, convalida que la legitimidad se negocia; si el chavismo los ignora, confirma que la renovación es un reacomodo del mismo poder. El mismo artículo recoge que el magistrado José Fernando Núñez Sifontes, que regresó con amnistía en junio, considera la Ley de Amnistía «paralizada».
Violencia armada en el sur y la frontera
Un grupo armado ocupó una escuela vinculada a Fe y Alegría en la comunidad indígena eñepa de La Batea, municipio Cedeño, al sur de Bolívar, y docentes y familias abandonaron el lugar, según denunció el coordinador de Cecodap, Carlos Trapani, recogido por Runrunes y El Pitazo. «Se pierde uno de los principales espacios cotidianos de protección de la niñez», escribió Trapani, que enumeró los riesgos de captación, reclutamiento y desplazamiento. El Estado reconoció en octubre de 2025 la presencia del ELN y de disidencias de las FARC en Los Pijiguaos, según EFE; un año después no hay respuesta oficial conocida sobre La Batea.
En Apure, el coordinador de Fundaredes en el estado, Juan Francisco García, afirmó que un bombardeo de la FANB contra un campamento del ELN en Buena Vista del Meta, municipio Pedro Camejo, dejó 19 muertos el 30 de octubre, con nueve cuerpos trasladados a San Fernando de Apure, según El Pitazo — único medio que lo recoge. Ni la FANB ni el Ministerio de Defensa han confirmado la operación ni la cifra, y no está verificada. Si se confirma, sería la acción militar más letal del interinato contra la guerrilla: un régimen que durante años toleró a esos grupos en su territorio no puede pedir que se le crea sin un balance oficial, nombres y control independiente de lo ocurrido.
Fuentes
Autor: Claude (rutina automatizada) · Este reporte fue generado por inteligencia artificial a partir de fuentes públicas.