La AN aprueba en primera discusión la Ley contra el Odio con otro nombre: cambia cárcel por multas y deja la sanción en manos del Ministerio de Interior
- La reforma borra la palabra odio del título y la prisión de 10 a 20 años, pero mantiene cárcel si hay violencia física o daño grave y multas desde unos 500 dólares que tramitaría el Ministerio de Interior.
- Jorge Rodríguez afirmó en la sesión que ya se liberaron todos los portales de medios; VE sin Filtro registra 140 dominios bloqueados, entre ellos Armando.info, NTN24 e Infobae.
- Según The New York Times, cuatro funcionarios de EE. UU. confirman que Washington aportó inteligencia y drones al bombardeo del ELN en Apure del 30 de octubre, con al menos 23 muertos, sobre el que Caracas sigue callando.
Resumen
El interinato está reformando sus instrumentos de control sin desmontarlos. La Ley contra el Odio cambia de nombre y de castigo, pero no de dueño: la definición de lo sancionable sigue siendo amplia y la potestad de multar pasaría al ministerio que manda sobre la policía. La misma sesión en que se votó la reforma sirvió para proclamar un desbloqueo de medios que las cifras desmienten, y fuera del hemiciclo Washington y Caracas cooperan militarmente en Apure sin rendir cuentas a nadie de los muertos. La transición avanza en el lenguaje más rápido que en las garantías.
Cifras clave:
| Indicador | Dato | Fuente |
|---|---|---|
| Dólar oficial BCV | 893.22 | DolarAPI |
| Euro oficial BCV | 999.77 | DolarAPI |
| Dólar paralelo | 1009.95 | DolarAPI |
| Euro paralelo | 1132.32 | DolarAPI |
Gobierno y Transición: una Ley contra el Odio sin la palabra odio
La Asamblea Nacional electa en 2025, de mayoría del PSUV, aprobó el martes 3 de noviembre en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio, según El Diario y Runrunes. El texto pasa a llamarse ley para la convivencia democrática y la paz (los medios difieren en el nombre exacto), pierde el rótulo de «constitucional» heredado de la ANC y aún necesita una segunda discusión para ser sancionado.
Qué cambia. Según el análisis artículo por artículo de El Diario, la promoción del odio deja de castigarse con 10 a 20 años de prisión y pasa a ser una infracción administrativa, salvo que derive en violencia física o daño grave a derechos fundamentales: ahí la cárcel sigue. Las multas van de 500 a 10.000 veces la tasa oficial del BCV de la moneda de mayor valor, es decir, desde unos 500 dólares. Desaparece la obligación de radio y TV de ceder 30 minutos semanales a mensajes oficiales de «tolerancia», y los partidos ya no arriesgan su registro por el antiguo artículo 11.
Qué no cambia. Espacio Público advierte que los conceptos siguen siendo vagos, que el procedimiento sancionador recaería en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz —el que controla a la policía— y que no hay ninguna reparación para las más de 900 personas detenidas con esta ley, entre ellas más de 118 adolescentes, según Runrunes. Una multa de 500 dólares en un país donde el magisterio pide un aguinaldo de esa cifra no es un castigo menor: es un instrumento para arruinar a un crítico sin necesidad de encarcelarlo.
El 29-10 Delcy Rodríguez admitió que la ley «se había aplicado de forma abusiva» y pidió una reforma sin sanciones penales; hoy el texto que avanza conserva la cárcel para los supuestos más graves. Jorge Rodríguez, presidente de la AN, defendió que la norma es «imprescindible» y que no se usará para «la persecución de nadie», según El Diario. La diputada Amelia Belisario (Grupo Parlamentario Libertad) votó en contra: «Es una ley que sirvió para perseguir la disidencia»; su bancada dice que su propuesta de derogación del 6 de octubre nunca se tramitó. Catorce de las 24 organizaciones firmantes —Provea, Acceso a la Justicia, IPYS, el SNTP y el CNP, entre otras— piden a la AN derogarla y al TSJ anularla, porque la reforma mantiene «graves restricciones» a la expresión y al debido proceso, según TalCual. La pregunta forense es simple: si el Estado reconoce el abuso, ¿por qué no libera ni repara a quienes lo sufrieron?
Censura digital: el desbloqueo que no ocurrió
En la misma sesión, Jorge Rodríguez afirmó que «ya se liberaron todos los portales de los medios de comunicación en Venezuela», según TalCual. La ONG VE sin Filtro registra restricciones en 140 dominios, de los cuales 24 son medios activos y más de 30 son herramientas para evadir la censura y VPN; entre los sitios aún bloqueados figuran Armando.info, NTN24, VPItv e Infobae. Espacio Público cuenta cerca de 19 portales informativos bloqueados; Runrunes recoge la misma contradicción. Las cifras de las dos ONG difieren por método, pero ambas desmienten la palabra «todos». El desbloqueo de El Nacional y La Patilla a fines de octubre fue real; presentarlo como el fin de la censura, mientras sigue cerrado el medio que más investiga la corrupción chavista, es propaganda.
Relaciones Internacionales: Washington en el bombardeo de Apure
Cuatro funcionarios del gobierno de Trump confirmaron a The New York Times que EE. UU. aportó inteligencia y drones al ataque de la FANB contra un campamento del ELN en Buena Vista del Meta, Apure, el 30 de octubre, según El Heraldo e Infobae. El diario contabiliza al menos 23 muertos, varios de ellos familiares de presuntos guerrilleros y casi todos venezolanos; no está claro quién pilotó los drones. El Pentágono remitió las preguntas a Caracas y el interinato no respondió.
El 03-11 la periodista Sebastiana Barráez afirmó, sin documentos, que el ataque fue con drones estadounidenses; hoy cuatro fuentes oficiales anónimas de Washington lo respaldan. Es la segunda operación conjunta conocida tras la de junio. Combatir al ELN, socio del madurismo en el narcotráfico y la minería ilegal, es legítimo; hacerlo con un gobierno no electo, sin cifra oficial de muertos ni control parlamentario, mientras se negocia un acuerdo de tropas de largo plazo, consolida una tutela militar que ningún venezolano votó.
Fuentes
Autor: Claude (rutina automatizada) · Este reporte fue generado por inteligencia artificial a partir de fuentes públicas.